El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas

Paulo Freire

La acreditación, según las versiones gubernamentales, tiene directa relación con la calidad de la educación. Es importante señalar que si bien hay relaciones de base, la calidad de la misma tiene otras aristas que la complementan, por esto, es pertinente que en nuestra calidad de docentes en formación pertenecientes a una universidad privada (sistema al cual se le ha cuestionado histórica y socialmente su calidad) y de una escuela de pedagogía, recientemente acreditada, se realice una revisión crítica, pero a su vez, considerando una postura propositiva acerca del debate en cuestión, ya que, es nuestro deber ético y moral realizarlo en este momento de nuestra formación, para enfrentarnos a una sociedad y sistema que, per se, ya nos cuestiona.

Desde que se promulgó la ley de acreditación obligatoria de las universidades y las carreras de pregrado (octubre 2006) la discusión acerca de la calidad de la educación en general y de la formación inicial de profesores, en particular, ha enfocado los esfuerzos económicos y humanos dependientes del gobierno central en cuanto a políticas educativas refiere. Es así como se crea la CNA (Comisión nacional de acreditación) que vela por la calidad de lo que se enseña, asegurando un nivel óptimo de instrucción para aquellos que ingresen a las instituciones que logren cumplir con los standards establecidos para obtener el titulo de acreditadas.

Pues bien, han pasado cuatro años y vemos que en ellos, un 95% del total de carreras de pedagogía han sido acreditadas (Informe panel de expertos, 2010) y el número de egresados ha ido en aumento año tras año. La discusión, entonces, sigue siendo en torno a la calidad de los egresados que ingresan al sistema y los resultados que se obtienen en los sistemas establecidos para medir cuanto aprenden los niños en las escuelas.

Uno de los ejes que se presenta para adquirir la acreditación de una carrera es que los estudiantes al final de su proceso tengan las competencias mínimas requeridas para ejercer la profesión, esto, está siendo medido por la prueba INICIA, y de la cual, los alumnos que, voluntariamente, han accedido a ella no han obtenido los resultados esperados, por tanto, ¿Es realmente la acreditación una medida que asegura la calidad? Según los resultados de la evaluación INICIA, se desprende todo lo contrario.

¿Qué hacer entonces? Las respuestas y medidas, en ese sentido, pueden ser variadas, pero que la prueba inicia debe ser un instrumento obligatorio para todo estudiante que egresa de cualquier escuela de pedagogía, sea ésta privada o tradicional, debe serlo. Ya que ésta mide las competencias y habilidades mínimas que un docente que se integra por primera vez al sistema educacional debe poseer para asegurar que éste es realmente un profesional de la educación. Así mismo se ha establecido una relación directa, en cuanto a las competencias mínimas, entre la PSU y la prueba INICIA, de esta manera se hace necesaria una conexión entre ambos instrumentos y los que se enseña en los colegios, ya que, existen graves falencias en la adquisición de las competencias con las cuales los jóvenes ingresan a pedagogía (Informe panel de expertos, 2010)

Las escuelas formadoras de profesores tienen la misión, casi obvia, de formar docentes según la visión que cada una tenga acerca del quehacer docente, de esta manera se conforma la identidad de cada universidad, pero a su vez, las mismas se tienen que hacer cargo de las desigualdades que el sistema escolar arrastra y que la educación superior hereda como consecuencia de la desigualdad de acceso a una educación de calidad (Pesce Aguirre Jorge, 2003) transformando esto en un circulo vicioso por sobre lo virtuoso, que la adquisición de una profesión conlleva en si misma.

¿Qué hacer con los estudiantes que obtienen resultados deficientes? Hasta ahora, las manifestaciones al respecto se basan en la realización de una capacitación especial para los estudiantes (con costo para la universidad correspondiente), ya que si el alumno al cabo de cinco años no ha sido capaz de adquirir mínimas competencias es deber de su escuela formadora proveérselos, aunque esta asegura, por medio de su acreditación, que lo que entrega es de calidad ¿y si los resultados indican lo contrario? ¿Quién falla? ¿Los estudiantes, las universidades, la CNA, el sistema?

Al parecer, las autoridades del gobierno central y la sociedad en su conjunto, aún no llegan a un consenso acerca de cómo entender la calidad de la educación. La calidad (alejado de la esfera empresarial, que es de donde proviene) debe entenderse como un conjunto de habilidades y destrezas propias o inherentes a cualquier ser humano que quiera desarrollarse en la construcción de sociedad y que busque la felicidad y la realización personal en cualquiera de los ámbitos que considere pertinente. Pero mientras tanto, seguimos escuchando el debate de lo que es o no conveniente hacer para mejorar la calidad: Se instauran instrumentos, se inyectan más recursos económicos, se aumentan las horas, entre otras medidas impulsadas desde el inicio de los gobiernos de la concertación (1990) Pero nada de fondo, se culpa a los docentes y las universidades formadoras que ellos mismos han designado como de buena calidad. Al parecer, seguimos “pisándonos la cola” y mientras la calidad se entienda como un bien social, alejado de mediciones estándar, continuaremos con este debate que cansa pero que a su vez, importa.

Como docentes ad portas de ingresar al sistema, debemos plantearnos la inquietud de profesionalizar el ejercicio docente, de mantenernos activos y alerta para poder hacer de ésta, una sociedad de reflexión y acción, todo lo contrario a lo que hoy vemos y entendemos. Así sea.